Residencia fiscal en España: lo básico antes de mudarse

La normativa de extranjería decide si usted puede vivir en España. La normativa tributaria decide dónde tributa. Las administran autoridades distintas, aplican pruebas distintas y ninguna determina a la otra.

• El visado, la TIE, el NIE o el certificado de registro de la UE son documentos de extranjería. Ninguno le convierte en residente fiscal y ninguno lo impide.
• El padrón es un registro municipal de población. Acredita dónde vive y puede servir como prueba, pero no es la prueba legal.
• La residencia fiscal la valora la Agencia Tributaria conforme a los criterios de la normativa del IRPF, sobre los hechos de cada año natural.

Conforme a la normativa interna española, una persona física se considera en general residente fiscal en España si concurre cualquiera de las siguientes circunstancias. Son alternativas, no acumulativas: basta con una.

1. Permanencia. Permanecer más de 183 días en territorio español durante el año natural.
2. Centro de intereses económicos. Radicar en España, de forma directa o indirecta, el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos. Es un criterio sustantivo sobre dónde se sitúa su vida económica, no un cómputo de días.
3. Presunción familiar. Una presunción iuris tantum de residencia cuando el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores dependientes residen habitualmente en España. Al admitir prueba en contrario, puede desvirtuarse.

El primero es el que todo el mundo conoce; el segundo es el que sorprende. Quien calcula cuidadosamente permanecer menos de 183 días pero dirige desde España su negocio principal, o tiene allí su base económica esencial, puede ser considerado residente por el segundo criterio.

El cómputo no es simplemente «días de presencia física». La normativa española establece que, para determinar el periodo de permanencia, se computan las ausencias esporádicas salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país.

En la práctica esto significa que:

• Salir de España por viajes, vacaciones o periodos cortos de trabajo no resta automáticamente esos días del cómputo.
• La forma de excluirlos es, en general, acreditar la residencia fiscal en otro Estado, lo que en la práctica suele exigir un certificado de residencia fiscal emitido por la administración tributaria de ese país, conforme a la normativa aplicable y, cuando proceda, al convenio.
• Existen reglas específicas para supuestos que implican países o territorios calificados como jurisdicciones no cooperativas, donde el nivel de prueba exigido es mayor.

El periodo impositivo español es el año natural, y con arreglo a la normativa interna la condición de residente se determina en general para el año en su conjunto. El derecho interno español no aplica, como regla general, un «año partido» que le haga residente solo desde la fecha de llegada.

La consecuencia sorprende a mucha gente. Quien se traslada a España, por ejemplo, en mayo y permanece el resto del año puede cumplir el criterio de permanencia de ese año natural, y su condición se valora entonces para todo el ejercicio, incluidos los meses anteriores a la llegada.

Es justamente el tipo de situación en la que puede ser relevante un convenio para evitar la doble imposición, porque el convenio puede atribuir la residencia entre los dos Estados para el periodo correspondiente y corregir la doble imposición. Que lo haga y cómo depende del convenio concreto.

La lección práctica es de calendario: el mes en que se produce el traslado puede cambiar su situación fiscal de todo un año. Conviene analizarlo antes de cerrar la fecha de la mudanza, no después.

Es perfectamente posible cumplir a la vez los criterios internos de residencia de dos países: España dice que usted es residente y el otro país afirma lo mismo. El derecho interno por sí solo no resuelve ese conflicto.

Cuando existe un convenio para evitar la doble imposición entre España y el otro Estado, suele incluir una regla de desempate que atribuye la residencia a uno de los dos a efectos del convenio, aplicada en orden. La secuencia clásica, siguiendo el modelo de la OCDE en el que se basan la mayoría de los convenios, atiende a:

1. dónde dispone la persona de una vivienda permanente;
2. si es en ambos, el Estado con el que mantiene relaciones personales y económicas más estrechas, el centro de intereses vitales;
3. en su defecto, dónde vive habitualmente;
4. en su defecto, la nacionalidad;
5. y por último, el procedimiento amistoso entre ambas administraciones.

Cada convenio tiene su propio texto y su propia redacción, de modo que hay que leer el artículo aplicable y no presuponerlo. Cuando no hay convenio, este mecanismo sencillamente no existe y el riesgo de doble imposición efectiva es mucho mayor, lo que explica que la nacionalidad y el país de origen cambien tanto el análisis.

Ser residente fiscal en España desplaza en general la base de tributación de las rentas de fuente española a la renta mundial. Las consecuencias concretas dependen de los hechos, de la normativa aplicable, del convenio y de la comunidad autónoma. A grandes rasgos, las áreas a revisar son:

• IRPF: impuesto sobre la renta por la renta mundial, con la corrección que prevea el convenio.
• Obligaciones informativas relativas a bienes y derechos situados en el extranjero, cuando se cumplen los umbrales y condiciones aplicables.
• Imposición sobre el patrimonio, existente en España y con una variación regional notable en tipos, mínimos y bonificaciones.
• Exposición al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, también muy regional, que la residencia puede modificar.

Los no residentes tributan de otro modo, conforme al impuesto sobre la renta de no residentes y en general solo por rentas de fuente española, razón por la cual la cuestión de la residencia es la primera que hay que resolver, no la última.

El régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español —informalmente, la «Ley Beckham»— se sitúa encima de todo lo anterior y no debe confundirse con ello.

Tres distinciones importan:

• Se aplica a personas que adquieren la residencia fiscal española. No es una forma de evitar la residencia fiscal.
• Es una opción que hay que ejercer ante la Agencia Tributaria, en el modelo correcto y dentro de un plazo breve. Nunca es automática.
• Tiene condiciones propias de acceso, incluida una prueba de no residencia fiscal previa en España, y no beneficia a todo el mundo. Para algunos perfiles el régimen ordinario da un resultado mejor.

Nuestra guía específica de la Ley Beckham desarrolla las causas de acceso, el modelo 149, el modelo 151, la duración y los supuestos en los que el régimen no compensa.

Sea cual sea su posición final, es mucho más fácil acreditarla en el momento que reconstruirla dos años después en una comprobación. Antes y durante el traslado, conserve:

1. Un registro de días por año natural, con fechas de entrada y salida y sus justificantes de viaje.
2. Certificados de residencia fiscal del otro país para los ejercicios relevantes, si pretende apoyarse en la residencia en otro Estado.
3. Prueba de su situación de vivienda en ambos países: contratos de alquiler, escrituras, fechas de venta o resolución, suministros.
4. Documentación sobre dónde está su base económica: contratos laborales o con clientes, alta de actividad, cuentas bancarias y de inversión.
5. Circunstancias familiares: dónde residen habitualmente su cónyuge y sus hijos menores dependientes, y la matriculación escolar cuando proceda.
6. Fechas de los trámites administrativos y de extranjería: visado, TIE, padrón, registro UE. Sirven como prueba aunque no sean el criterio legal.
7. El convenio de doble imposición aplicable entre España y su otro país, con nota del artículo que rige su caso.

Y después, asesórese. La residencia fiscal internacional es de las pocas materias en las que una sola conversación previa al traslado cambia habitualmente el resultado durante años.

• Agencia Tributaria — Residencia fiscal de personas físicas
• Agencia Tributaria — Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
• Agencia Tributaria — Régimen especial aplicable a trabajadores desplazados

La normativa fiscal cambia y el resultado depende de los hechos de cada caso y del convenio aplicable. Esta guía es información general y no constituye asesoramiento fiscal personalizado.